En el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser considerada una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debería constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas. En este sentido, la Ley 39/2015 y 40/2015 positivizan la obligación de las Administraciones Públicas no ya de facilitar los medios electrónicos a los ciudadanos, sino de utilizarlos en su actuación ad intra y ad extra.

En particular, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público establece como imperativo la necesidad de que Las Administraciones se relacionarán entre sí a través de medios electrónicos, asegurando la seguridad de la información así como la  interoperabilidad de los sistemas y soluciones.
De esta forma, se consolida la apuesta jurídica real para converger a nuevos modelos de Administraciones Públicas, una Administración sin papel que basa su funcionamiento a través de medios electrónicos, que no sólo sirva mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a la ciudadanía y empresas, sino que también refuerce las garantías de los interesados.